Archive
Exigen informe de renuncias en la PGR
Manlio Fabio Beltrones dijo que la sustitución de los funcionarios de la PGR debe ser para bien del trabajo en la dependencia federal.
MÉXICO, D.F.-En el Congreso, los legisladores de oposición pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe en torno al relevo de 21 delegados estatales, a fin de conocer y verificar las razones de la salida de los servidores públicos.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, dijo que la sustitución de los funcionarios de la PGR debe ser para bien del trabajo en la dependencia federal.
“Confiamos en que exista suficiente información que les haya exigido llevar a cabo este relevo, y también esperamos que en los próximos nombramientos exista el cuidado para evitar que en el futuro llegue un nuevo procurador o procuradora a cesar a los que dejó la anterior sin mayor explicación”, dijo el senador.
Sin embargo, “si la pérdida de confianza pasa simplemente porque no son cercanos colaboradores al procurador o procuradora en turno, no es suficiente como para que se lastime el prestigio de los funcionarios públicos”, añadió.
Para los diputados federales, la PGR debe ser un órgano independiente del Ejecutivo y contar con una estructura que, en efecto, permita que sea un instrumento de la justicia y que aporte nuevos escenarios contra la impunidad, destacan los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.
PRI, PAN, PRD, así como PT, señalaron que se debe dar este paso a favor de la impartición de justicia y la investigación de los delitos.
– Purga no es solución Los diputados Arturo Zamora (PRI), Arturo Ramírez Bucio (PAN), Arturo Santana (PRD), Jaime Cárdenas (PT) señalan que la purga en la PGR no resuelve los problemas de la institución.
La izquierda acusó que la corrupción en la PGR es ya un cáncer que equivale a tener al enemigo dentro del sistema, y que es cómplice del crimen organizado.
En respuesta, el coordinador de los senadores panistas, José González Morfín, aseguró que estos movimientos en la PGR se dan para “generar espacios de confianza” y felicitó a la procuradora Marisela Morales por la decisión.
Dijo que es importante que las instituciones, sobre todo las encargadas de la procuración de justicia, generen confianza en el ciudadano “de que se están haciendo bien las cosas”.
Agregó: “Felicito a la procuradora por la valentía de tomar decisiones como esta. Y como todos, creo que estaremos pendientes a la espera de los nuevos nombramientos y me parece que la sociedad, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad, nosotros mismos desde el Poder Legislativo, deberemos darle seguimiento a lo que ahí pase”.
La viuda del policía malo
Hace cuatro meses, Natalia era el terror de la cuadra en la colonia Ampliación Municipal.
Mujer de un policía, con dos hijos, traía una camioneta Lincoln Navigator, de muy reciente modelo, iba a comprar a Galerías Monterrey… amplió la casa y mandaba al mayor de sus hijos, de cinco años, a un kínder de paga.
Hoy, está en el desamparo, y a punto de irse a trabajar a un antro, a prostituirse si fuera necesario.
“De hecho ya jalo… ¿qué quieres que haga?, vienen por mí, me llevan y me traen, dos o tres veces a la semana y saco los 2 mil pesos.
Cantidad que en nada se parece a los 10 mil pesos que solía recibir en un fin de semana… “Dependiendo de cómo le fuera”.
Su hombre, policía de San Nicolás, que de acuerdo a las investigaciones, se dedicaba a realizar tareas en el crimen organizado, murió abatido en un ataque de un grupo de Cleaners, ese grupo dedicado a exterminar a operadores de la mafia.
-¿Y el seguro de vida… y el dinero… los 500 mil pesos?
“Es que yo no era la esposa-esposa, o sea… era su mujer, como otras dos que tenía, asistía a la casa dos o tres veces a la semana, y se qeudaba a dormir, me dejaba dinero, jugaba con los niños y se iba.
“Ese dinero que dices, se lo dieron a la esposa legítima… pero yo quise ir a ver qué me tocaba, y claro, los demás polis me conocían casi todos, pero p´os no… no me podían ayudar, eso sí, dos o tres luego luego me las pidieron.
“Estuve a punto de caer otra vez, de ser amante de un policía por la necesidad que se me vino”, apunta.
Pero lo hizo, y se puso a buscar la manera de salir adelante, con algo del dinero guardado puso un depósito, pero se lo clausuraron porque los vecinos la denunciaron.
Es sencillo… a la mujer no la quieren.
“Lo que queremos es que se largue, porque cuando estaba su marido vivo, ella era como la dueña, como toda una señora abusiva que se estacionaba en nuestras cocheras, que le pegaba a nuestros coches con su camionetota y nunca pagaba, nunca se hacía responsable, es más, nos amenazaba”, dice una vecina, quien pide omitir su nombre por razones obvias.
Como Natalia, se cree que existan más de mil mujeres que se quedaron desamparadas, por ser amantes de policías que cayeron en la guerra del crimen organizado.
Mujeres sin dinero ni negocios, pero con gastos que superan por mucho sus posibilidades.
UN FENÓMENO
La poligamia policíaca nunca fue un secreto, existe desde que aparecieron hombres uniformados y con pistola, investidos de poder, dice la sicóloga y socióloga Alma Quijano.
Un estudio realizado para la Secretaría Federal de Seguridad Pública, arrojó que un 75 por ciento de la fuerza policíaca de todo el país, en sus modalidades estatal y municipal, tenían varias familias.
El poder, el arma, el uniforme y la placa, son objetos de seducción, señala Quijano.
Gracias a ello pueden enamorar a jovencitas de bajo nivel económico, que se dejan seducir por todo lo señalado… pero como el policía tiene un sentimiento del deber, aunque a veces deformado, jamás dejan a la mujer, siempre buscan dónde ponerla y les consiguen un tejabán o una casita.
Cuando los policías ganaban poco, tenían una o dos mujeres y las sostenían con el dinero extra de las mordidas o extorsiones.
Ahora, las mantienen con el dinero de secuestros, cobro de piso y asaltos.
“Por eso, ese estudio al que me refiero, abrió los ojos del Gobierno Federal y se comenzó con la preparación de un nuevo cuerpo de oficiales de la Federal Preventiva; por eso se prepararon a 40 mil oficiales, para que tomaran el lugar de los policías locales infiltrados o metidos en actividades criminales, por la pura necesidad de mantener el nivel de vida de sus varias mujeres”, explica.
El policía se juega así la vida, porque salir del crimen organizado le implica perder el privilegio de gozar de varias mujeres, y de ejercer el poder con ella y a través de ella.
CIFRAS Y DRAMA
En Nuevo León han perdido la vida 800 policías de diferentes niveles en los recientes nueve años.
Ello acercaría al millar la cantidad de mujeres que se quedaron desamparadas.
Muchas de ellas, como Natalia, alcanzaron a vivir un espejismo de prosperidad que jamás imaginaron, gracias al dinero de las operaciones criminales.
“P´os yo sabía, más o menos, que andaba con los zetas, él nunca me dijo nada, pero es que se le notaba porque andaba con una Lobo doble cabina… y la casa me la dejó de lujo, eso es lo que me ha quedado.
“Yo creo que si no consigo algo, voy a tener que vender”.
Todos los días debe soportar esa clase de miradas pícaras, esas burlas silenciosas de quienes la miran pasar y le lanzan indirectas.
“Es que es muy feo, luego de tenerlo todo, andar en la quinta pregunta… no sé cómo voy sacar a los niños, ahorita tengo 23 años y creo que estoy bien físicamente, que estoy buena… y he tenido que aceptar la oferta de una mujer que me lleva a prostituirme a domicilio, me da los 600 pesos por acostón y con eso la voy haciendo”, señala.
No tiene idea de lo que hará exactamente…
“No quiero ser puta toda la vida… esto no, porque luego los niños me van a juzgar”, manifiesta.
Pero añora, eso sí, los días de plenitud económica con su policía polígamo y corrupto.
También por eso, dice, le urge salir de la colonia…
“Es muy feo haberlo tenido todo, no quiero que estas viejas chismosas me vean fregada… mejor me voy”, dice resignada.
Ven insuficiente plan de EU para control de armas
Image via Wikipedia
Consideraron que si bien es una buena noticia, el problema principal es ‘la venta hormiga’ y su tráfico a México.
Senadores del PRI, PAN y PRD calificaron de insuficiente la medida del gobierno de los Estados Unidos para frenar la venta masiva de armas.
Consideraron que si bien es una buena noticia, el problema principal es ‘la venta hormiga’ y su tráfico a México.
En entrevista, el vicepresidente de la Comisión Permanente, Francisco Arroyo Vieyra, dijo que además de controlar la venta masiva de armas en los estados fronterizos, como anunció este lunes dicho país, ‘se debe frenar la venta indiscriminada a cualquier ciudadano estadunidense’.
‘El problema que tenemos es la venta hormiga, no la venta masiva, los narcotraficantes mexicanos van o vienen de ese país e introducen las armas mediante el contrabando hormiga, por lo que este también debe ser controlado’, sostuvo el legislador.
Por ello, aseguró que dicho anuncio ‘es un avance, pero no es suficiente’, pues también se debe limitar el calibre de las
armas que se venden en Estados Unidos y requisitar su venta para que ‘aquel que compre armamento sea responsable de su uso y destino’.
Arroyo Vieyra dijo que si bien los ciudadanos estadunidenses tienen la libertad de comprar armas, el vecino país del norte debe legislar para que también se hagan responsables del destino de las mismasA su vez, el líder de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, dijo que se trata de una ‘buena noticia’, pero ‘es insuficiente’ y lo que debe hacer Estados Unidos es detener completamente la venta de
armas largas pues son compradas en territorio norteamericano y luego acaban en México y terminan en manos de las bandas delincuenciales.
Reveló que es un planteamiento que el gobierno de México ha hecho a su contraparte y hasta el momento no ha habido una respuesta positiva al planteamiento hecho por el legislativo mexicano.
Navarrete insistió en que si bien las restricciones a la venta de armas, sobre todo en la franja fronteriza con México es una buena decisión, el presidente estadunidense Barack Obama debe profundizar el control en la frontera común para evitar que pasen de contrabando a México.
En ese sentido, afirmó que lo correcto sería que el gobierno de Obama prohíba totalmente la venta de armamento, pues la medida que se anunció este lunes no es la prohibición sino la vigilancia ya que van a fiscalizar la venta de grandes volúmenes de armamento, pero ello es insuficiente para nosotros.
Por su parte, el senador del PAN, Ramón Galindo, señaló que el anuncio es una buena señal pero no es suficiente, aunque puede ser el inicio de una serie de acciones que limiten la libre venta de todo tipo de armamento en dicha nación.
En entrevista el ex alcalde de Ciudad Juárez, demando al gobierno de Estados Unidos combatir también con mayor intensidad el problema en el consumo de drogas ya que va ligado al uso de armas de todo calibre.
No obstante, Galindo dijo que al PAN le da mucho gusto este anuncio el cual, surge por el fracaso del operativo ‘Rápido y Furioso’, aunque obviamente no es suficiente ya que el Congreso de Estados Unidos se muestra renuente a controlar la posición y el uso de armas por parte de los ciudadanos norteamericanos, pues el algo que se ha plasmado en su propia Constitución.
La Teoria del ciudadano que creen que esta idiota
Image via Wikipedia
El país dio un salto muy importante cuando, después de décadas de “elecciones”, los votos empezaron a contar. Hoy difícilmente se puede negar que el resultado electoral es, fundamentalmente, la suma de las boletas tachadas por ciudadanos a favor de un candidato, y son cada vez más aislados los casos de prácticas rupestres como urnas embarazadas, casillas con más votos que votantes, etcétera.
Teléfono inteligente, Escobedo se abre a que te haga “TRACK”.
Un teléfono inteligente y un ciudadano que se preocupe por su municipio… ¡Y listo!, Clara Luz se compromete a que el Municipio hará el resto.
Ayer, la alcaldesa en Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, ha presentado una aplicación para que desde los teléfonos inteligentes, el ciudadano pueda conectarse en directo con la administración municipal.
Así, con el contacto que se puede obtener desde la página oficial del Municipio http://www.escobedo.gob.mx, el ciudadano quedará conectado en directo.
Si se topa con un bache, una luminaria apagada, una plaza con problemas, bastará con enlazarse desde su teléfono, sin necesidad de buscar una computadora o hacer una llamada.
Presidente Municipal de General Escobedo, presentó la Aplicación Móvil para teléfonos inteligentes.
“Vamos a poder tener una comunicación directa con el ciudadano, ya que con el teléfono en mano, si vemos un bache pasamos el reporte inmediatamente, nosotros lo vamos a tener inmediatamente y le damos esa facilidad al ciudadano de no tenerse que meter al portal (de Internet), de no tener que llegar a una computadora a enviar un correo, o hablar por teléfono, o venir a la Presidencia Municipal”.
=>aqui la mentira=>La Alcaldesa comenta que en el área de denuncias, la que ofrece la posibilidad de realizar reportes anónimos de situaciones relativas a la Policía o a Tránsito, la confidencialidad del denunciante está totalmente garantizada, ya que el único objetivo de la aplicación es el de colaborar para brindar una mejor seguridad a la población.
“Lo que hicimos de variante, que somos el único municipio en todo el país que lo tiene, es la forma de comunicación directa con la autoridad para reportar quejas en particular con una medición interna de nosotros como funcionarios para determinar quiénes están cumpliendo con sus obligaciones, con sus tiempos y quiénes no”.
=>Aqui como te hace “TRACK”=>A este respecto, Clara Luz precisó que cada reporte que realice el ciudadano generará un número de folio que llegará al correo electrónico del denunciante o autor del reporte, y que éste recibirá actualizaciones constantes acerca del estatus de avance de la falla que señaló hasta que esta quede resuelta de manera total.
La Alcaldesa comentó que esta aplicación móvil va dirigida no sólo a los escobedenses, sino a la población en general y entre los servicios públicos que se podrán reportar destacan bacheo, recolección de basura, alumbrado público, limpieza de lotes baldíos y vigilancia policiaca, entre otros y reiteró que el objetivo es dar un servicio más eficiente.
Narcos mexicanos ‘esclavizan’ a hackers
Image via Wikipedia
Marbella— Los cárteles de droga están tomando el negocio de la clonación de tarjetas y el robo de datos personales en Internet en México.
Dmitry Bestuzhev, director para América Latina del Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky Lab, una de las principales firmas de seguridad informática del planeta, confirma lo anterior cuando le cuento que en la Ciudad de México los hackers tienen miedo de ser reclutados por los narcos.
Una de esas historias es la de Fernando Ernesto Villegas Álvarez, alias El Güero, pasante de la carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Mientras trabajaba en el Centro de Investigación de la Escuela Superior de Cómputo (Escom), cuentan sus padres, fue contactado por un profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Azcapotzalco.
“Lo contacta y se lo lleva a trabajar a productos Foca”, recuerda su padre, Fernando Daniel Villegas, en una entrevista posteada en Facebook. Esa empresa tiene sus oficinas, de acuerdo con su página de Internet, en Huixquilucan, Estado de México, y en Tapachula, Chiapas. Dicen fabricar productos congelados.
Uno de los socios de la empresa, el 19 de julio de 2010, le pregunta si tiene disposición para viajar un fin de semana. Le ofrecen diez mil pesos por ese trabajo, lo que ganaba en un mes. Era, supuestamente, para el mantenimiento de redes de Internet.
Se fueron el 21 de julio, en un Audi TT, al puerto mexicano. Todos los días llamaba a sus padres, mañana, mediodía o noche. El 29 de julio perdieron contacto. Su jefe lo presentó con un tal Valdés.
“Cuando salieron de la casa donde estaban, su jefe le preguntó: ¿Sabes con quién estuvimos? ¿Sabes con quién cenamos?”, recuerda su madre, María de los Ángeles Álvarez Torres. “¿Ves noticias, sabes algo de narcotraficantes?”
–He escuchado algo, pues no veo televisión–, respondió Fernando.
–¿A quiénes has oído mencionar?–, insitió su jefe.
–Al Chapo, a La Barbie…
–Con él acabamos de estar…
México, me explica Bestuzhev, es una prueba de la unificación del crimen virtual y real.
Eso es también una explicación de por qué los hackers mexicanos tratan de ocultar sus habilidades desde hace unos meses.
“Lo que estamos viendo es que los criminales, que están bien organizados, como los traficantes de droga, están en cierto sentido probando este negocio, reclutando a la gente o tomando el control sobre ella”, explica.
“Físicamente los amenazan, les dicen: ahora trabajas para mí. Y si no, vamos a encontrarnos después y… básicamente un criminal cibernético que se sentía como un rey, hoy se siente como un esclavo.”
El experto ruso dice que estamos viendo la fase inicial, que dentro de poco veremos cosas peores.
“Esto nace en América Latina, pero estoy seguro de que se va a expandir pronto en todos los países. En Colombia y México, esto ya es una realidad”, cuenta.
Cuando Fernando Villegas se enteró con quién estaba trabajando, quiso regresarse al Distrito Federal.
“Él dice que, aunque no abiertamente, se sintió amenazado”, recuerda su madre. “Ya no se podía regresar, entonces aceptó quedarse a hacer el trabajo.”
El 31 de julio de 2010 una redada se realizó en la residencia donde estaba trabajando y durmiendo.
Además de acusarlo de portar armas exclusivas del Ejército, le indicaron a sus padres que la Mac que utilizaba era “botín de guerra”.
Estuvo arraigado unos 80 días en la colonia Doctores, en el DF, y luego fue encerrado en el penal federal de Perote, en Veracruz.
Lo que guardaba en su computadora y el trabajo que realizaba para La Barbie, es un misterio. El delito por el que se le acusa, es portación de una granada.
“La policía cibernética está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, nosotros no tenemos muchos datos de estos delitos, de los cibercrímentes”, dice Jazmín Morales, una vocera de la Procuraduría General de la República (PGR).
Al cierre de esta edición, las autoridades a las que nos refirieron no habían respondido las solicitudes de información de este medio.
“Muchos de los cibercriminales están a salvo porque los departamentos de ciberpolicía enfrentan mucha burocracia para combatirlos”, dice Eugene Kaspersky, fundador y director general de la firma que lleva su apellido.
“Vivimos la época dorada del cibercrimen,están muy felices, es un muy buen negocio. El número de códigos maliciosos, por ejemplo, en 2010, tocó los 20 millones.”
Nueva forma de
lavar dinero
En los últimos meses hemos escuchado noticias de sudamericanos detenidos en la Ciudad de México, cargando tarjetas de crédito clonadas o realizando operaciones sospechosas en cajeros automáticos. La información se queda ahí. En la detención.
El problema va más allá de un grupo de sujetos que roba en cajeros, ellos son simplemente llamados mulas de una mafia difícil de descabezar y que opera en todo el mundo.
Bestuzhev agrega que todavía es más difícil rastrearlos, porque entre el momento en que nos roban la tarjeta y hasta que se hace algún cargo, pueden transcurrir algunas semanas o meses.
“Esto se ha convertido en una nueva forma de lavado de dinero. Los criminales han llegado a una situación interesante, pues tienen tanto dinero en potencia, que no lo alcanzan a lavar rápido. Necesitan a las mulas o a otros criminales”, explica.
De pronto, abren un portal de Internet o se meten a sitios de subastas en línea. Ofrecen, por ejemplo, un iPad 2 por 150 dólares.
Le mandas el dinero al criminal sin saberlo, y él, con la tarjeta robada, de un tercero, hace la compra y te hace la entrega en tu casa.
“Básicamente tú recibes algo legítimo, pero que fue comprado con dinero robado. Le mandaste al criminal tu dinero real, que fue bien, bien lavado”, dice.
A $100 Million ATM Receipt
 Dealbreaker.com |
Scrooge McDuck lives. An ATM receipt showing a balance of nearly $100 million dollars was discovered at an East Hampton Village bank.
A customer found the receipt hanging out of the ATM’s slot. The customer who found the receipt showed it to financial blog Dealbreaker.com. The receipt, dated June 18, doesn’t list the account holder’s name but does indicate that the person has $99,864,731.94 in a personal savings account (that’s after a $400 withdrawal and a $2.75 service charge). The East Hamptons is a well known playground for the very wealthy.
Is the receipt a mistake of some kind? Perhaps. Anyone with that amount of cash would know that keeping $100 million in a savings account isn’t the wisest investment move. Savings accounts earn paltry interest rates and are only guaranteed by the federal government for amounts up to $250,000.
A buzzy article from The New York Post speculates that the holder of the account may be billionaire mogul David Tepper (Forbes lists him as the 208th richest person in the world). When contacted by The New York Post, Tepper denied ownership of the receipt and pointed out that he “would never do something as irresponsible as leaving $100 million in a savings account.”
Maybe it really was Scrooge McDuck?
by Mike Krumboltz
Thursday, June 30, 2011
operación “Cielito Lindo”
Amenazan Anonymous con hackear sitios del PRI, PAN y PRD
Los hacktivistas dieron a conocer un comunicado en el que lanzan la operación “Cielito Lindo”, con la que prevén hackear los sitios desde el 1 al 3 de julio, y el 4 atacar la pàgina web del IFE.
Ciudad de México • El grupo hacktivistas Anonymous emitieron un comunicado en el que aseguran que sus próximos objetivos a hackear serán las páginas de los partidos del PRI, PAN y PRD, así como el sitio oficial del Instituto Federal Electoral.
A través de un informe, Anonymous nombra a sus próximos ataques como “Operación cielito lindo”, que se realizarán el próximo 1 de julio para el portal del Partdo Revolucionario Institucional, el 2 al sitio del Partido de la Revolución Democrática; y al día siguiente pretenden hackear la página de Acción Nacional y el lunes 4 de julio la pàgina del IFE.
Según el sitio www.pastebin.com, la operación de Anonymous se realizará en respuesta al hartazgo de corrupción de la clase política en México.
En el comunicado firmado, los hacktivistas de Anonymous afirman que la operación es “pacifica que no vulnera la seguridad informática, solo saturaremos el acceso a la página(s) marcada”
También aseguran estar “hartos de la incompetencia, de la mala intención y de la saña de la clase política mexicana, incluso coludida con el crimen organizado por lo que han decidido alzar la voz”.
Entra en vigor la ‘Ley antimantenidos’ en el Distrito Federal
Image via Wikipedia
La iniciativa mantiene la protección a las personas que dentro del matrimonio no hayan trabajado y se hayan dedicado al hogar
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de junio.- El Gobierno del Distrito Federal promulgó una reforma al código civil llamada “Ley antimantenidos”, que evita que en un proceso de divorcio uno de los cónyuges se apropie ilegalmente de hasta el 50 % del patrimonio de la otra persona, dijo hoy el diputado Carlo Pizano.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que esta reforma legal fue publicada el pasado 24 de junio en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y entró en vigor el pasado sábado para los procesos de divorcio de matrimonios bajo el régimen de separación de bienes.
El legislador aclaró que la ley mantiene la protección a las personas que dentro del matrimonio no hayan trabajado y se hayan dedicado al hogar, a fin de que puedan -en caso de divorcio- recibir una compensación.
“Cuando uno de los cónyuges se dedicó principalmente al hogar tiene derecho a una compensación que va del 1 al 50 % de los bienes que tiene el otro que no se dedicó al hogar”, debido a que esta persona no tuvo la misma oportunidad de obtener un mayor patrimonio por lo que “esa compensación se queda”.
Por el contrario, cuando los dos trabajan y uno de los cónyuges haya adquirido mayores bienes por “méritos propios”, la reforma impedirá que esta persona deba entregar hasta el 50 %, solo por poseer una mayor cantidad de dichos bienes y evite ser “víctima de algún tipo de abuso o chantaje”.
Pizano recordó que anteriormente “no importaba si el cónyuge que no trabajaba y no se hubiera dedicado preponderantemente al hogar ni a los hijos”, de todas formas podía recibir “una indemnización de 1 al 50 % del patrimonio que formó el otro cónyuge que sí trabajaba”.
“Sabemos que muchas mujeres son quienes llevan un hogar, trabajan, cuidan a sus hijos y además aportan el 100 por ciento de los gastos de la casa. Estas reformas las protegerán de posibles abusos, en caso de que el cónyuge intente chantajearlas”, apuntó.
“Pero si ambos trabajaron de igual manera, cada uno se quedará con el patrimonio que formó”, sentenció el legislador.
It was America the beautiful but is now,the great toilet of North American CONTINENT
Image via Wikipedia
Special Report: A Little House of Secrets on the Great Plains The secretive business havens of Cyprus and the Cayman Islands face a potent rival: Cheyenne, Wyoming.
At a single address in this sleepy city of 60,000 people, more than 2,000 companies are registered. The building, 2710 Thomes Avenue, isn’t a shimmering skyscraper filled with A-list corporations. It’s a 1,700-square-foot brick house with a manicured lawn, a few blocks from the State Capitol.
Neighbors say they see little activity there besides regular mail deliveries and a woman who steps outside for smoke breaks. Inside, however, the walls of the main room are covered floor to ceiling with numbered mailboxes labeled as corporate “suites.” A bulky copy machine sits in the kitchen. In the living room, a woman in a headset answers calls and sorts bushels of mail.
A Reuters investigation has found the house at 2710 Thomes Avenue serves as a little Cayman Island on the Great Plains. It is the headquarters for Wyoming Corporate Services, a business-incorporation specialist that establishes firms which can be used as “shell” companies, paper entities able to hide assets.
Wyoming Corporate Services will help clients create a company, and more: set up a bank account for it; add a lawyer as a corporate director to invoke attorney-client privilege; even appoint stand-in directors and officers as high as CEO. Among its offerings is a variety of shell known as a “shelf” company, which comes with years of regulatory filings behind it, lending a greater feeling of solidity.
“A corporation is a legal person created by state statute that can be used as a fall guy, a servant, a good friend or a decoy,” the company’s website boasts. “A person you control… yet cannot be held accountable for its actions. Imagine the possibilities!”
Among the entities registered at 2710 Thomes, Reuters found, is a shelf company sheltering real-estate assets controlled by a jailed former prime minister of Ukraine, according to allegations made by a political rival in a federal court in California.
The owner of another shelf company at the address was indicted in April for allegedly helping online-poker operators evade a U.S. ban on Internet gambling. The owner of two other firms there was banned from government contracting in January for selling counterfeit truck parts to the Pentagon.
CASTING THE FIRST STONE
All the activity at 2710 Thomes is part of a little-noticed industry in the U.S.: the mass production of paper businesses. Scores of mass incorporators like Wyoming Corporate Services have set up shop. The hotbeds of the industry are three states with a light regulatory touch-Delaware, Wyoming and Nevada.
The pervasiveness of corporate secrecy on America‘s shores stands in stark contrast to Washington’s message to the rest of the world. Since the September 11 attacks in 2001, the U.S. has been calling forcefully for greater transparency in global transactions, to lift the veil on shadowy money flows. During a debate in 2008, presidential candidate Barack Obama singled out Ugland House in the Cayman Islands, reportedly home to some 12,000 offshore corporations, as “either the biggest building or the biggest tax scam on record.”
Yet on U.S. soil, similar activity is perfectly legal. The incorporation industry, overseen by officials in the 50 states, has few rules. Convicted felons can operate firms which create companies, and buy them with no background checks.
No states license mass incorporators, and only a few require them to formally register with state authorities. None collect the names and addresses of “beneficial owners,” the individuals with a controlling interest in corporations, according to a 2009 report by the National Association of Secretaries of State, a group for state officials overseeing incorporation. Wyoming and Nevada allow the real owners of corporations to hide behind “nominee” officers and directors with no direct role in the business, often executives of the mass incorporator.
 Kelly Carr/Reuters |
| The building at 2710 Thomes Avenue, is pictured in Cheyenne, Wyoming, in this undated photograph. |
“In the U.S., (business incorporation) is completely unregulated,” says Jason Sharman, a professor at Griffith University in Nathan, Australia, who is preparing a study for the World Bank on corporate formation worldwide. “Somalia has slightly higher standards than Wyoming and Nevada.”
An estimated 2 million corporations and limited liability companies are created each year in the U.S., according to Senate investigators. The Treasury Department has singled out LLCs as particularly vulnerable to being used as shell companies, as they can be owned by anyone and managed anonymously. Delaware, Nevada and Wyoming had 688,000 LLCs on file in 2009, up from 624,000 in 2007.
Treasury and state banking regulators say banks have flagged billions of dollars in suspicious transactions involving U.S. shell companies in recent years. On June 10, a federal judge in Oregon ordered a company registered there to pay $60 million for defrauding a Ukrainian government agency through sham transactions involving shell companies. The civil lawsuit described a network of U.S.-registered shells connected to fraud in Eastern Europe and Afghanistan.
A growing niche in the shell business is shelf corporations. Like paper-only shells, which enable the secrecy-minded to hide real ownership of assets, shelf companies are set up by firms like Wyoming Corporate Services, then left “on the shelf” to season for years. They’re then sold later to owners looking for a quick way to secure bank loans, bid on contracts, and project financial stability. To speed up business activity, shelf corporations can often be purchased with established bank accounts, credit histories and tax returns filed with the Internal Revenue Service.
“They just slot in your names, and you walk away with the company. Presto!” says Daniel E. Karson, executive managing director at investigative firm Kroll Inc. “The purpose is to conceal ownership.”
On its website, Wyoming Corporate Services currently lists more than 700 shelf companies for sale in 37 states. The older they are, the more expensive, like Scotch whisky. Brookside Management Inc., formed in December 2004, sells for $5,995, while Knotty Management LLC, formed in May, costs just $645. In Delaware, incorporator Harvard Business Services markets First Family LLC, created in May 1997, for $10,000.
“If they’re signing a large contract, they may not want it to look like they’ve just formed a company,” said Brett Melson, director of U.S. sales at Harvard Business Services. But he added: “Unsavory characters can do a lot of bad things with the companies.”
Shell and shelf companies do serve legitimate purposes. They provide a quick and cheap way for entrepreneurs to jump into business and create jobs. Businesses can use them to protect trade secrets. Politicians or other public figures may use a shell company to hold their home so that people with ill intent have a harder time locating them.
The state of Wyoming says it cracked down on incorporation services in 2009 after discovering that nearly 5,700 companies were registered to post-office boxes. New laws require companies to have a physical presence in the state through an owner or a registered agent, and make it a felony to submit false filings.
“What we want to have is good, quality legitimate businesses,” said Patricia O’Brien, Wyoming’s Deputy Secretary of State. “We don’t regulate what the business itself does, but we are not recruiting businesses here that are questionable or illegal.”
Wyoming Corporate Services is run by Gerald Pitts, its 54-year-old founder and president. On paper, he is a prolific businessman. Incorporation data provided by Westlaw, a unit of Thomson Reuters, show that Pitts is listed as a director, president or principal for at least 41 companies registered at 2710 Thomes Avenue.
Another 248 firms name Edge Financial Inc., another incorporation service, as their “manager.” Gerald Pitts is the president of Edge Financial, according to records on file with the Wyoming secretary of state’s office.
Companies registered at 2710 Thomes Avenue have been named in a dozen civil lawsuits alleging unpaid taxes, securities fraud and trademark infringement since 2007, a review of Westlaw data shows. State and federal tax authorities have filed liens against companies registered at the address seeking to collect more than $300,000 in unpaid taxes, according to Westlaw.
Pitts says Wyoming Corporate Services fully complies with the law and doesn’t have any knowledge of how clients use the companies he registers. “However, we recognize that business entities (whether aged, shell or traditional) may be used for both good and ill,” Pitts wrote in an email to Reuters. “WCS will always cooperate with law enforcement agencies who request information or assistance. WCS does not provide any product or service with the intent that it be used to violate the law.”
THE UKRAINE CONNECTION
Gerald Pitts and his own incorporation firms have never been sued or sanctioned, according to federal and state court records. Wyoming officials said Wyoming Corporate Services operates legally. “If they do it by cubby holes and they are really representing each person, they meet the law,” said O’Brien, the deputy secretary of state.
But clients of his have run into trouble.
Among those registered at the little house in Cheyenne are two small companies formed through Wyoming Corporate Services that sold knock-off truck parts to the U.S. Department of Defense, according to a Reuters review of two federal contracting databases and findings from an investigation by the Pentagon’s Defense Logistics Agency. The owner of those firms, Atilla Kan, awaits sentencing on a 2007 conviction for wire fraud in a related matter.
Also linked to 2710 Thomes is former Ukrainian Prime Minister Pavlo Lazarenko, who was once ranked the eighth-most corrupt official in the world by watchdog group Transparency International. He is now serving an eight-year jail term in California for a 2004 conviction on money-laundering and extortion charges. According to court records, that scheme used shell companies and offshore bank accounts to hide stolen Ukrainian government funds.
Court records submitted in Lazarenko’s criminal case and documents from a separate civil lawsuit, as well as interviews with lawyers familiar with the matter, indicate Lazarenko controls a shelf company incorporated in Cheyenne that owns an estimated $72 million in real estate in Ukraine through other companies.
The U.S. government continues to seek more than $250 million from bank accounts in Antigua, Barbuda, Guernsey and other countries that it says were controlled by Lazarenko and his associates, according to a forfeiture action filed by the Department of Justice.
The paper trail linking Lazarenko to the real estate in Ukraine is labyrinthine. At the heart of it is a shelf company called Capital Investments Group, registered at 2710 Thomes Avenue.
U.S. lawyers for a Ukrainian businessman named Gennady Korban submitted documents claiming that Lazarenko is the true owner of Capital Investments Group and other U.S. companies.
Lazarenko and Korban are rivals in Ukraine, and for years have traded allegations of corruption and assassination. An organization chart accompanying Korban’s submission alleges Capital Investments Group owns 99.99 percent of a Ukrainian firm called OOO Capital Investments Group. That company, the chart claims, is the owner of another company, OOO Ukrainsky Tyutyun, where Pavlo Lazarenko is a director. Each of the firms and several others are used as corporate fronts to control properties in Dnepropetrovsk, Ukraine, the filing alleges.
Seven properties are named in the 2009 filing by Korban, including 55 Pushkin Street and 58 Komsomolskaya Street. The dossier on Capital Investments Group claims that other directors of the alleged front companies include Lazarenko’s wife, son and mother-in-law.
Federal prosecutors successfully urged the court in late 2009 to disregard Korban’s submissions, arguing that it would take too much time to vet his account and thus delay his resentencing after a lengthy appeal.
A few months later, in February 2010, Capital Investments Group sued Korban and others in federal court in Delaware. That lawsuit claims two properties in the Ukraine controlled by Capital Investments Group – 55 Pushkin Street and 58 Komsomolskaya Street – were stolen from it using forged documents.
The lawsuit says Capital Investments was formed in September 2005. It is registered at 2710 Thomes Avenue, and Gerald Pitts, the court documents say, is “President, Secretary, Chairman and director.”
But Capital Investments Group doesn’t disclose the name of its owners. Daniel Horowitz and Martin Garbus, attorneys for the company, have represented Pavlo Lazarenko in other U.S. and Ukrainian litigation. They declined to provide the owners’ names, citing client confidentiality, and wouldn’t comment on Lazarenko’s links to CIG.
The U.S. Attorney’s office in San Francisco declined to comment. Asked about his association with Lazarenko and Capital Investments Group, Gerald Pitts declined to provide information on specific clients. Pitts said he is aware of the Delaware lawsuit and “is cooperating fully with authorities in the matter.”
POKER EMPIRE
Another man linked to 2710 Thomes is Ira N. Rubin. Prosecutors allege he created a Rube Goldberg-style network of shell and shelf corporations to further his scams.
In December 2006, the Federal Trade Commission sued Rubin for fraud in federal court in Tampa. Documents in the civil lawsuit allege Rubin used at least 18 different front companies to obscure his role as a credit-card processor for telemarketing scams.
These operations, the FTC alleged, offered subprime credit cards that charged an upfront fee debited from customers’ bank accounts, but the cards were never delivered. The complaint also alleged Rubin processed payments for online gambling rings and pharmacy websites selling controlled substances.
One company in that network was Elite Funding Group Inc. It was registered at 2710 Thomes Avenue in August 2004 and offered for sale by Wyoming Corporate Services for $1,095. Gerald Pitts was listed in public documents as the original director, wrote an investigator hired by the FTC in a January 2007 report filed in federal court in Tampa. Pitts had resigned six months earlier as director and was replaced by Rubin, according to court records.
Rubin’s maze-like network served as the back office for alleged consumer scams operating from Canada, the Philippines, Cyprus and the U.S., with names like Freedom Pharmacy and Fun Time Bingo. His companies took consumer bank account information obtained by the clients, charged the accounts via an electronic transactions network that enables direct debits, kept a portion of the proceeds, and forwarded the rest to the alleged fraudsters, according to documents in the FTC’s civil lawsuit.
To minimize scrutiny, Rubin used at least 18 different firms to handle his operations. A firm called Global Marketing Group processed payments for telemarketers offering bogus credit cards, the FTC alleged. Elite Funding, the Wyoming shelf corporation, was a subsidiary of Global Marketing. Rubin used Elite to open bank accounts with Wells Fargo Bank which held more than $300,000 in proceeds from the payment processing, according to court records.
Just hours after Rubin was visited by a court-appointed receiver in the case in December 2006, $249,000 vanished from the Wells Fargo account. Rubin refused to say if he transferred the money, citing his 5th Amendment right against self-incrimination. At least $125,000 then made its way to a bank account in Chennai, India, and has never been recovered, according to documents in the civil lawsuit.
Why use a shelf company? “To hide who they are and what they are doing. In the case of Ira Rubin, he had a payment processing empire that worked on behalf of many different industries, all of which were engaged in illegal conduct,” said James Davis, an attorney with the Federal Trade Commission. “It was to his benefit to make it as difficult as possible for law enforcement to connect these companies back to him.”
In 2008, Rubin fled to Costa Rica to avoid arrest for contempt in the civil case. Authorities allege he went on to run another payment-processing operation from abroad: This March 10, he and 10 others were indicted in New York for allegedly running a massive scheme to hide payments made by U.S. customers to the three largest online-poker websites, in violation of a ban passed by Congress in 2006. He was extradited from Guatemala the same month. On June 8, a New York judge denied bail for Rubin.
Stuart Meissner, an attorney for Rubin, said his client was not available for comment. Pitts declined to comment.
AMERICAN LOOPHOLES
The loopholes in U.S. disclosure of bank-account and shell-company ownership have drawn fire.
The U.S. was declared “non-compliant” in four out of 40 categories monitored by the Financial Action Task Force, an international group fighting money laundering and terrorism finance, in a 2006 evaluation report, its most recent. Two of those ratings relate to scant information collected on the owners of corporations. The task force named Wyoming, Nevada and Delaware as secrecy havens. Only three states – Alaska, Arizona and Montana – require regular disclosure of corporate shareholders in some form, according to the 2009 report by the National Association of Secretaries of State.
Some lawmakers want tighter rules. Senator Carl Levin (D-Mich.), chairman of the Senate Homeland Security Committee’s Permanent Subcommittee for Investigations, has introduced the Incorporation Transparency and Law Enforcement Assistance Act each year since 2008. The bill would require states to obtain and update information about the real owners of companies, and impose civil and criminal sanctions for filing false information.
“Criminals use U.S. shell companies to commit financial fraud, drug trafficking, even terrorist financing, in part because our states don’t require anyone to name the owners of the companies they form,” Levin said in an email to Reuters.
The bill has been beaten back by a coalition of state officials and business groups, citing concerns about the cost of implementing the new law and federal government infringement on state incorporation rights.
A leading opponent is the National Association of Secretaries of State. Kay Stimson, a spokeswoman, said in an email that the Levin bill “would have placed new burdens upon states and legitimate, law-abiding businesses-many of which are struggling to stay afloat during these difficult financial times-while continuing to provide lawbreakers with the means to evade the law.”
An aide for Levin said the bill is expected to be re-introduced soon. The new bill will add provisions requiring incorporation agents who sell shelf companies to provide beneficial owner data, said a Senate aide familiar with it.
CAT AND MOUSE
Shell companies remain a headache for law-enforcement authorities. Officials say court-ordered subpoenas served on incorporators of shell and shelf corporations generally do deliver the names of the real owners hiding behind nominees. But if the owners are not U.S. citizens or companies, the investigation often hits a dead-end, they say.
There are additional hurdles. Wyoming Corporate Services charges $2,500 per year to supply an attorney who can provide an extra shield. Cheyenne attorney Graham Norris Jr. tells prospective clients sent to him by WCS that he will create a company on their behalf. That way, he says, he can invoke attorney-client privilege-adding a layer of privacy anytime there is an inquiry about their identities.
“When you do need to contact Wyoming Corporate Services, you may do so through me,” advises a June 13 “Dear Client” letter supplied by Norris to Reuters. “If you contact them directly, there is a greater risk they may disclose that information in response to a subpoena; remember there is no privilege with Wyoming Corporate Services, only with your attorney.”
For a fee, clients can request that Norris file a motion to quash any subpoena, the letter says. It warns that in cases where fraud or criminal conduct is alleged, a court might order Norris to name the owners. Still, after any inquiry about identity, the letter says, Norris must inform the client-and “I must also decline to answer the inquiry.”
Investigators say they are sometimes loath to use subpoenas for the very reason highlighted in Norris’ letter-fear of tipping off targets. “In the initial stages of investigation, when we encounter a domestic shell corporation, we know we can’t subpoena the company that sold the corporation to the end users, because we don’t want the target to find out they are being investigated,” says FTC attorney James Davis.
Other U.S. agencies raise similar complaints about shells. The 2006 U.S. Money Laundering Threat Assessment, prepared by 16 federal agencies, devotes a chapter to the ways U.S. shell companies can be attractive vehicles to hide ill-gotten funds. It includes a chart to show why money launderers might like to create shells in Wyoming, Nevada or Delaware, which offer the highest levels of corporate anonymity.
The information in the chart is credited to the Web site of a firm called Corporations Today-an incorporation service run by Gerald Pitts in Cheyenne, Wyoming.
Arturo Detexas 