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Hallan 14 cuerpos atados y con tiro de gracia en Michoacán
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Morelia • Los cuerpos de 14 personas fueron encontrados la mañana de este domingo, atados de pies y manos, con el tiro de gracia y con cartulinas intimidantes a los extorsionadores, ladrones y violadores, en diversos municipios de la Cuenca Lerma – Chapala.
Inicialmente fueron, al filo de las 7:30 horas fueron encontrados los dos primeros cadáveres en las inmediaciones del Ejido Sahuayo, sobre una brecha que conduce a la comunidad rivereña con el Lago de Chapala, conocida como La Palma.
A los pocos minutos, en el caminó a la ranchería el Colorín, en el municipio de Cojumatlán de Régules, fueron encontrados otros dos cadáveres.
Casi simultáneamente en el lugar conocido como Callejón de la Cofradía, en el municipio de Jiquilpan, detectaron otros dos asesinados, cuyos crímenes fueron en condiciones similares.
En las inmediaciones de la población de Villamar, fue localizado el cadáver de otro asesinado y la estela de crímenes continuó en las inmediaciones de la comunidad rural de San Gregorio, en el municipio de Briseñas.
Cerca del mediodía se recibió el reporte que en el municipio de Tanhuato, estaban otros cuatro cuerpos de individuos asesinados, todos en forma similar y sus agresores les dejaron cartulinas con leyendas que acreditan las muertes al grupo que se denomina Los Caballeros Templarios-Guardia Michoacán.
La subprocuraduría de justicia Región Zamora, desplegó a varios agentes del Ministerio Público, acompañados por personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial, a los lugares donde estaban los cuerpos, para integrar las actuaciones que marca la ley y ordenar el traslado de los cadáveres al Servicio Médico Forense, mientras los investigadores recaban indicios en los lugares donde se encontraron los asesinados.
Obama presiona al Congreso para que hackers purguen penas más altas
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La Casa Blanca propuso aumentar a 20 años de cárcel a quien ponga en riesgo la seguridad nacional y 5 años por robos a través de computadoras
WASHINGTON, 18 de junio.- Aún antes de que una agrupación de hackers ingresara en los sitios web públicos de la CIA y el Senado estadunidense, la Casa Blanca pidió sentencias más duras por el ingreso ilegal a redes computacionales privadas y gubernamentales.
El mes pasado, el Gobierno del presidente Barack Obama presionó al Congreso por medidas de monitoreo cibernético más severas, incluyendo aumentar al doble – 20 años de cárcel – la pena máxima por poner en riesgo la seguridad nacional.
Aunque falta ver si la propuesta se convertirá en ley, la pregunta sobre cómo combatir el crimen en internet llegó a primera plana de los medios en las últimas semanas por una serie de ataques de alto perfil.
Los ataques apuntaron a compañías e instituciones multinacionales, como Sony Corp, Citigroup y el Fondo Monetario Internacional. Sony enfrenta decenas de demandas relativas al robo de información de clientes de su red de Playstation.
Además, en la última racha de ataques el grupo organizado Lulz Security anunció que irrumpió en los sitios públicos del Senado y de la CIA, además de en Sony y en otros objetivos.
“Ha sido un mes ajetreado”, dijo James Lewis, del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales.
Lewis dijo que los “ciberactivistas” que a menudo ingresan en sitios web para llamar la atención sobre sus causas o generar publicidad, cometen un “gran error” al tener de blancos sitios web como el del FBI y de la CIA.
“Eso se detecta de inmediato”, indicó.
Pero abordar los delitos cibernéticos, incluyendo toda clase de ataques por internet, a menudo afronta la dificultad para determinar quién es el responsable.
Las computadoras desde donde se realizaron actividades ilegales son difíciles de rastrear, afirmó Frank Cilluffo, director del Instituto Policial de Seguridad Nacional de la Universidad de Washington.
“El anonimato del ciberespacio, la incapacidad de atribuir el ataque en un 100 por ciento, dificultan las medidas de seguridad nacional. Pocas veces sabes quién está detrás de esa computadora, o incluso si lo sabes, no estás 100 por ciento seguro”, dijo.
Bajo la actual ley, quienes son procesados por primera vez afrontan sentencias de hasta 10 años de cárcel por ingresar a un computador con información clasificada, y a un año por robar una contraseña de una institución financiera o de acceso al Gobierno.
Con la propuesta de la Casa Blanca, la sentencia máxima por poner en riesgo la seguridad nacional sería de 20 años y una condena de 5 años por robos a través de computadores por hasta 5 mil dólares se duplicaría.
En tanto, la sentencia por ingresar ilegalmente a computadoras del Gobierno o de instituciones financieras con claves robadas llegaría a tres años de prisión.
Arturo Detexas 